Alejandro Gómez

El gobierno de Uribe acaba de asestar un nuevo golpe a las Farc al precederla en la información acerca de la muerte del jefe guerrillero Manuel Marulanda. Desde la revelación que el niño de una secuestrada se encontraba en un hogar estatal y no en manos de las Farc, Uribe, que representa las peores formas de manipulación del poder y de la información, ha venido ganando la batalla de la opinión pública. Todo lleva a pensar que la dilación de las Farc tiene que ver con su crisis política interna, como lo revelaron el asesinato de uno de sus jefes a manos de un subordinado y la reciente rendición de una legendaria jefa guerrillera. En el seno de la guerrilla se debaten diferentes líneas de acción, que la muerte de Marulanda necesariamente deberá acentuar.

Lo que está ocurriendo en Colombia desmiente la tesis de que habría un "empate estratégico" que haría imposible la victoria de uno u otro contendiente en la larga guerra civil. Se trata de una tesis inmovilista que choca con la fluidez que han adquirido los acontecimientos. La desintegración de cualquiera de las fuerzas en pugna, como consecuencia de las crisis por las que atraviesan sus propias filas, liquidaría el impasse militar en menos de lo que canta un gallo. El flujo político tampoco se limita a las fronteras de Colombia, porque el cuadro de crisis se extiende a otros terrenos vinculados con la crisis colombiana (nos referimos a la crisis del gobierno de Correa en Ecuador); a los problemas que enfrenta Chávez, sea de cara a la inflación o a las elecciones municipales de noviembre; y por último a las perspectivas que ofrece una elección de Obama en Estados Unidos y el giro que ha prometido en las relaciones con Cuba. Numerosos comentaristas colombianos le han advertido a su gobierno que la desintegración política de las Farc y su debilitamiento militar no justifican el optimismo en una salida exclusivamente militar. Reclaman aprovechar las nuevas circunstancias por medio de una vía negociada; pero, para los militares, la ofensiva militar es la mejor justificación para seguir manejando un presupuesto enorme.

La noticia de la muerte de Marulanda fue dada en forma extraoficial por el ministro de Defensa de Uribe, Manuel Santos, lo cual puso de relieve, según la prensa colombiana, que el militar se postula para la presidencia del país contra las ambiciones re-reeleccionistas de Uribe o una tentativa de prorrogar su mandato. El mando militar ha salido fortalecido de la guerra contra la guerrilla y necesita asegurarse la continuidad y el control del fabuloso presupuesto del Plan Colombia. Los jefes militares se han prodigado en difundir las conexiones de Uribe con la para-política para sacarlo del tablero. Lo mismo han hecho con los congresistas del partido de Uribe. Si el ministro de la Defensa no llegara a ser la figura adecuada para el recambio, también está disponible uno de sus familiares, el vicepresidente de la República. Para sacarle a Uribe las papas del fuego, Bush acaba de respaldar la extradición de los narcos colombianos a Estados Unidos, para evitar que sigan circulando informaciones sobre los vínculos de Uribe con los paramilitares. Pero no se sabe si esto fue hecho para respaldar un nuevo mandato del colombiano o a cambio de que abandone el intento. La crisis oficial ha diezmado a las instituciones colombianas: el Congreso se queda sin diputados y la Corte se ha transformado en una sala de acusación del Presidente. Uribe quiere eliminar al Congreso y relegar a la Corte por un Tribunal Constitucional. Colombia también es sacudida por la crisis mundial: la devaluación del dólar ha provocado un parate en sus exportaciones.

Para los diarios colombianos, en las Farc se enfrentan ahora una línea militarista a ultranza y otra negociadora, pero la cosa no es tan sencilla. La desintegración de las Farc es más aguda de cómo se la presenta: decenas de sus presos no quieren participar del canje humanitario y reclaman que se los acoja en el programa de reconciliación del gobierno. Los gobiernos de Venezuela y de Ecuador buscan un arreglo a como sea, como lo probaron en las reuniones de Santo Domingo, en marzo, y recientemente en Lima, en la Cumbre con Europa. Junto con Cuba advierten contra el peligro de una "extensión" de la guerra. El nacionalismo latinoamericano y principalmente Cuba están buscando un acercamiento de posiciones con el imperialismo. ¿Qué cosa significa, por otra parte, la salida negociadora, sino sumarse al centroizquierdismo sin salidas del Polo Democrático? Lo más grave de la crisis de las Farc no es tanto su división como la falta de alternativas estratégicas en su debate interno.

Si del laberinto se sale por arriba, de este impasse se sale desde afuera. Es necesario mostrar las limitaciones del nacionalismo pequeño burgués y del foquismo, y la necesidad de una estructuración política del proletariado. Este planteo permitirá aprovechar los márgenes de reivindicación, organización y lucha que deja la crisis política.

Alejandro Guerrero

Los trabajadores de la empresa cuprífera más grande del mundo, la estatal Codelco, de Chile, están otra vez en huelga general con ocupación de minas, corte de carreteras y manifestaciones callejeras, reprimidos violentamente por los Carabineros de Michelle Bachelet. La huelga entró en su segunda semana. Así se reanuda el conflicto postergado desde el fin de la huelga de agosto del año pasado, que duró 37 días e hizo perder más de cien millones de dólares a la compañía. Aquel conflicto terminó en victoria, pero Codelco no cumplió uno solo de los compromisos que se vio obligada a firmar entonces.

La huelga de 2007 constituyó una victoria estratégica porque perforó la base de la legislación laboral pinochetista, sostenida luego por todos los gobiernos de la Concertación, incluido el actual: la subcontratación de trabajadores, los contratos basura. Codelco, por ejemplo, tiene 32 mil trabajadores "tercerizados", impedidos hasta el año pasado de discutir directamente con la patronal sus condiciones de trabajo porque, según aquella legislación dictatorial, deben hacerlo con alguna de las casi mil compañías subcontratistas que trabajan para Codelco, muchas de las cuales son sellos creados por la propia cuprífera para fraguar el vínculo laboral.

Apenas la fuerza de la huelga la obligó a firmar el compromiso de terminar con esa estafa a los trabajadores, la empresa acudió a los tribunales para desconocer el acuerdo que puso fin al paro. Desde entonces, todo siguió como antes y por eso la huelga se ha reanudado.

La respuesta patronal, la del gobierno, es brutal. Codelco opone al paro obrero una suerte de lock-out, desconoce explícitamente sus relaciones contractuales con esos 32 mil obreros, se niega a negociar con ellos y ha iniciado demandas penales contra los dirigentes huelguistas por "daños a la propiedad, robo, sustracción de especies y retención ilegal de personas" (Efecom, 18/4).

Para completar la dureza patronal, Bachelet ha enviado a Carabineros, su policía militarizada. Ya hubo choques muy violentos entre trabajadores y policías en el acceso a la mina El Teniente, 80 kilómetros al sur de Santiago. Allí, la represión sólo logró desalojar momentáneamente la ruta, puesto que después de un corto repliegue los mineros la recuperaron.

También se reprimió en la mina El Salvador, donde los gases arrojados por la policía obligaron a suspender las clases en la localidad de Diego de Almagro, unos mil kilómetros al sur de la capital. Ahí hubo, además, cinco trabajadores detenidos.

El Teniente sigue ocupada por los mineros; en Ventanas, la adhesión a la huelga es del 90 por ciento; en El Salvador, del 100 por ciento y están cortadas las rutas de acceso al igual que en Calama, donde también reprimió Carabineros. Andina está totalmente paralizada y sus 2.500 trabajadores cortan los ingresos, de modo que no hay subida ni bajada de camiones.

Pero cumplidos diez días de huelga, los mineros anunciaron la radicalización de las medidas, con la organización de movilizaciones y manifestaciones en las poblaciones. A las reivindicaciones iniciales, Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), que agrupa a los subcontratados, acaba de agregar la exigencia de la renuncia de José Arellano, presidente de Codelco. Arellano viene repitiendo desde el primer día que la empresa no negociará con los huelguistas.

La patronal Cámara de la Producción y el Comercio expresó su temor a que "la huelga pueda contagiar a la minería privada" (Argenpress, 23/4).

El conflicto del año pasado produjo fisuras en el frente oficialista. La historia vuelve a repetirse. El ministro de Trabajo, Osvaldo Andrade, anunció que la huelga terminaría "pronto"; inmediatamente, uno de los directivos de Codelco lo desmintió: "lamento desmentir al ministro (...) el conflicto está lejos de tener un final feliz en el corto plazo" (La Segunda, 25/4). Quebrando la "línea oficial", Andrade reclamó que Codelco negocie directamente con los huelguistas (Radio Cooperativa, 26/4). Un día antes, la misma Radio Cooperativa (25/4) informa que el gobierno ha "aislado del conflicto" a los ministros Andrés Velasco (Hacienda) y Andrade (Trabajo) "quienes tienen posturas encontradas en la materia" respecto de la política oficial: no negociar con los huelguistas y llevar a una huelga larga que derrote a los mineros por el hambre, el cansancio y la represión.
La fuerza de la huelga, y la dureza empresarial-gubernamental, están a la altura de lo que se juega: un pilar de la superexplotación obrera bajo la extendida forma de la "tercerización".

Luis Oviedo

El sindicato de trabajadores portuarios (ILWU) ha convocado a una huelga en el primer turno de trabajo el próximo 1º de Mayo en todos los puertos de la Costa Oeste de los Estados Unidos. Reclaman el inmediato fin de la ocupación de Irak y de Afganistán y el retiro inmediato de todas las tropas norteamericanas en el Medio Oriente. La resolución de huelga fue votada por una mayoría abrumadora de los delegados del sindicato. El mismo plenario de delegados votó el envío de una carta a la central sindical (AFL-CIO) reclamando que el movimiento obrero entre en acción para frenar la guerra.

La huelga es apoyada por otros sindicatos y organizaciones obreras, como las federaciones de maestros de California y de Oakland y el Consejo Sindical de San Francisco, y por agrupaciones de veteranos de guerra, cuyos miembros participarán en las movilizaciones y piquetes que organizará ILWU el 1º de Mayo.

La importancia de esta huelga es enorme. Es la primera vez, en muchísimo tiempo, que un sindicato organiza una huelga política contra una guerra llevada adelante por el propio imperialismo norteamericano. La huelga empalma con el masivo repudio popular a la guerra de Irak y busca organizar la intervención directa de la clase obrera contra la masacre. Pero la resolución votada por los delegados del ILWU se opone, también, a la ocupación de Afganistán (que ambos candidatos demócratas, Clinton y Obama, pretenden expandir) y reclama el retiro de las tropas norteamericanas de todos los países del Medio Oriente. Es decir, señala un programa independiente, en oposición a las manipulaciones de los dos candidatos demócratas frente a la guerra (este programa, sin embargo, está en contradicción con el apoyo de una parte de la dirección del ILWU a la candidatura de Obama).

Es también de gran importancia también que el ILWU haya convocado la huelga para el 1º de Mayo, día internacional de lucha de los trabajadores, que no es celebrado en Estados Unidos.

La huelga enfrenta enormes dificultades. Las cámaras patronales corrieron a los tribunales para que la declaren "ilegal". El propio Bush amenaza con prohibirla porque, dice, la huelga vulneraría la "seguridad nacional" y la "guerra contra el terrorismo"; con los mismos ‘argumentos', ilegalizó la huelga de 2002, por la renovación del convenio colectivo de los portuarios de la Costa Oeste.

Si, a pesar de todas estas presiones, la huelga triunfa, los portuarios de la Costa Oeste norteamericana le habrán asestado un golpe decisivo al gobierno masacrador de Bush.

Alejandro Guerrero

La detención en Colombia del ex senador Mario Uribe, primo del presidente y uno de sus más íntimos colaboradores desde el comienzo de su vida político-delictiva en el departamento de Antioquia, no aporta en sí misma mayores novedades. Es decir: no agrega demasiado a lo ya conocido en cuanto a los vínculos de la familia presidencial con el narcotráfico y los paramilitares.

En cambio, esta detención y el consiguiente escándalo que ha producido, introduce un dato político de importancia: alguien les empieza a soltar la mano, como se ha visto en el rechazo de la Corte Suprema a las presiones gubernamentales para que no se juzgara a jefes paramilitares y a legisladores vinculados con ellos. En esas condiciones se ha producido el veto de los demócratas de Estados Unidos a la firma de un TLC con Colombia.

La detención de Uribe (primo) ha generado una crisis política en el sentido más estricto del término: a partir de ella, las cosas no pueden continuar como estaban. Por eso Uribe y su banda evalúan una salida peligrosa pero, según parece, la única posible para ellos: la convocatoria a elecciones anticipadas.
Hablamos de un país que tiene a 26 de sus legisladores presos por sus vínculos con la para-narcopolítica, y a otros sesenta investigados judicialmente por la misma razón. Casi todos ellos, además, pertenecen al partido de Uribe y constituyen la cuarta parte de los miembros del Poder Legislativo. Se trata, a simple vista, de una situación insostenible. Por eso la camarilla presidencial piensa en las elecciones anticipadas, para revalidarse a sí misma.

Actualidad de noticias viejas
Los vínculos de Uribe con paramilitares y narcotraficantes son noticia antigua.

El 1º de agosto de 2004 se desclasificó un documento reservado del 23 de septiembre de 1991, elaborado por uno de los más sólidos y menos conocidos servicios de espionaje de los Estados Unidos: la Agencia de Inteligencia para la Defensa (Defense Intelligence Agency, DIA), dependiente del Departamento de Defensa. Allí se dice de Uribe:

"Político y senador colombiano dedicado a la colaboración con el Cartel de Medellín en altos niveles del gobierno. Uribe fue vinculado con una empresa implicada en actividades de narcotráfico en los Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por sus conexiones con traficantes de narcóticos. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y ha sido amigo íntimo de Pablo Escobar Gaviria (narcotraficante muerto por la policía en diciembre de 1993)..."

En 2002, los investigadores Joseph Contreras y Fernando Garavito - ex columnista del diario colombiano El Espectador- , habían publicado un libro, "El señor de las sombras", con una minuciosa descripción de los compromisos de Uribe con el narcotráfico y los paramilitares. Casi enseguida, Garavito debió huir de Colombia y vive exilado en los Estados Unidos.

Como se ve, las noticias que tienen al gobierno de Uribe en un tembladeral político son bastante viejas, pero tienen su efecto ahora, no antes, porque la administración del mejor aliado de George W. Bush en Latinoamérica se resquebrajaba de todos modos, aun sin ellas.

Juegos de guerra
El 6 de marzo, una marcha multitudinaria se desarrolló en Bogotá y en otras ciudades colombianas - también en el extranjero- contra los paramilitares y en favor de un "acuerdo humanitario" para poner fin a la violencia política. Se trató de una actividad puramente democrática, de la cual, sin embargo, Uribe dijo que estaba organizada por las FARC. De inmediato, el grupo paramilitar Aguilas Negras declaró que quienes convocaron a esa manifestación constituían, a partir de ese momento, "objetivos militares". Días pasados, el ELN reiteró en un comunicado (Argenpress, 23/4) que "la oligarquía no permite los espacios civiles para propender por los cambios".

El Estado colombiano rechaza cualquier posibilidad de que el juego parlamentario incluya a las FARC y al ELN, porque el cese de la violencia política implica, ante todo, la supresión de la violencia paramilitar contra los campesinos y los trabajadores colombianos, que sufren un promedio alucinante de 4.500 asesinatos por año.
Ese gobierno terrorista, paramilitar y narcotraficante, es la avanzada del Plan Colombia, el ariete de Bush en Latinoamérica. Se trata de un proyecto continental que incluye la actividad sediciosa en Bolivia y los intentos de aislar a Venezuela. Resulta imperioso, por tanto, desarrollar en toda América latina una poderosa movilización antiimperialista.

Jorge Altamira

En las vísperas del 1º de Mayo el aire se corta con un cuchillo en Puerto Ordaz (Ciudad Guayana), en el Estado Bolívar, ante la inminencia del anuncio de la ruptura de las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y el pulpo Ternium. Las divergencias parecen infranqueables entre los tres mil y pico de millones de dólares que reclamaría la familia Rocca por la cesión del 40 por ciento del capital accionario de Sidor al Estado venezolano y los ochocientos millones que estaría dispuesto a reconocer el gobierno de Chávez para obtener la mayoría del capital de la empresa. El pulpo reclama un retiro de oro luego de haber procedido a un vaciamiento patrimonial. Otra evaluación, esta vez de consultores privados, que cifra el capital de Sidor en dos mil millones de dólares (Tal Cual, 28/4), demuestra que el tema se maneja como una cuestión de fuerza. Las voces que corren aseguran que el ejército ocuparía las instalaciones de las plantas antes del jueves para asegurar la continuidad de las operaciones productivas. Según otras versiones, el gobierno habría puesto fin a cualquier prolongación del impasse y procedería a expropiar a la empresa por la vía de los hechos. Se dice incluso que Chávez podría presentarse en Sidor el mismo 1º de Mayo para ocupar la primera plana de la jornada y dejar inscripta la nacionalización como un fasto bolivariano. El impasse de las negociaciones, sin embargo, le ha servido al gobierno para justificar una vez más la postergación de la firma del convenio colectivo de trabajo (se levantó una reunión decisiva el martes 29), que tiene un arrastre de varios años, sin que la dirección sindical ofreciera la menor resistencia. En el campo sindical se han adoptado disposiciones en las distintas secciones para que comités de trabajadores aseguren la transición de la gestión.

La disputa en torno a las valuaciones indemnizatorias oculta más de lo que aclara, debido a que nadie conoce los pasivos ocultos de la empresa, entre deudas por cargas laborales e incluso impositivas. La cifra que ofrece el gobierno podría tornarse voluminosa si acepta integrar ese pasivo a la nueva empresa - e incluso podría incurrir en un patrimonio negativo. Para los trabajadores, la confusión sobre este punto podría tener consecuencias muy negativas si el gobierno pretendiera que renunciaran al cobro de sus derechos laborales con el pretexto de no perjudicar el futuro de la empresa, parcial o totalmente estatizada.

El litigio debería alcanzar un porte mayor si se investigara una serie de procedimientos utilizados por el grupo Techint, sea para burlar al fisco o para reducir el lucro que le corresponde a los trabajadores por su posesión del 20 por ciento de las acciones de Sidor. El pulpo del acero transfirió beneficios operativos de Sidor a sus filiales en México y Argentina mediante el recurso de comprar los abastecimientos por encima del precio internacional y vender sus productos por debajo de él (precios de transferencia). Si se ponen en evidencia estas irregularidades, la empresa podría ser estatizada sin el pago de ninguna indemnización. A pesar de que esta práctica de ‘vaciamiento' era conocida oficialmente, el organismo recaudador de Venezuela (Seniat) había premiado al pulpo por su alta "transparencia". Sin embargo, el mismo Estado que posee otro 20 por ciento de Sidor, se negó a rubricar el último balance de la empresa, como expresión de las irregularidades señaladas, y no se hizo presente en la asamblea ordinaria de marzo pasado.

Esta descripción pone de manifiesto algo que los turistas revolucionarios amigos del chavismo prefieren desconocer: la nacionalización no es un almuerzo gratuito - o la pagarán los capitalistas o la pagarán los obreros; si Techint no indemniza a los obreros por los perjuicios que les ha ocasionado en la última década, serán ellos los que acabarán indemnizando a los Rocca con el desconocimiento de sus derechos. Los obreros de Sidor se han transformado en los peor pagos de la industria venezolana como consecuencia de la privatización, y una parte importante de los que están afectados a la producción revisten en el plantel de las contratistas, con salarios y condiciones laborales incluso inferiores.

Arbitraje
Cuando se tienen en cuenta todos estos elementos se llega a la conclusión de que la decisión del gobierno de nacionalizar en forma parcial a Techint es una tentativa de arbitraje frente a una situación que había llegado a un punto de explosión. Cuando se incorporó hace ocho años a la empresa, el Estado bolivariano le condonó al pulpo un conjunto de deudas y le refinanció otras, así como mantuvo el subsidio en la compra del mineral de hierro a las empresas del Estado. Aun en estas condiciones, el pulpo intentó deshacerse de los compromisos que limitaban su acción, como la resistencia obrera, la obligación del pago de utilidades a los trabajadores, el pago de impuestos, o la obligación de atender al mercado interno en momentos de suba exponencial del precio internacional del acero. El gobierno bolivariano se mantuvo del lado del pulpo cuando hubo que enfrentar la discusión del convenio colectivo de trabajo, de modo que no puede reclamar hoy ningún título o derecho por la derrota de la empresa.

Solamente cuando ésta quedó sin capacidad de respuesta tuvo que intervenir el Estado con un planteo de renacionalización parcial, cuyo destino concreto todavía no está decidido y que ha abierto una pugna de largo alcance, en particular por la intervención de la clase obrera.

Parece evidente que los trabajadores no deberían aceptar ningún resarcimiento a la empresa por la nacionalización hasta que no se investiguen las cuentas de la empresa en la última década. Sin embargo, el Estado los ha dejado afuera de la decisión estatizadora y de las discusiones sobre sus términos. Tampoco deben asumir ninguna carga para el futuro sino, por el contrario, recuperar las conquistas perdidas. Una nacionalización financiada por los obreros, o por medio de una mayor explotación, es reaccionaria. La investigación de la empresa para atrás y el control obrero emergen como dos reivindicaciones que le dan un contenido social revolucionario a la nacionalización, que se convertiría por esta vía en una forma práctica de expropiación a los expropiadores.

Política
Pero el problema fundamental es eminentemente político. Porque no existe el ‘socialismo en una empresa', o sea una gestión obrera inmune al medio social y político en el cual opera. No se trata de ofrecer recetas de gestión o autogestión, ésta es la única trampa ‘corporativista' en la que no debe entrar la clase obrera. La nacionalización de Sidor plantea dar pie a una iniciativa política: o sea convertir a la lucha por el destino de Sidor en el tema que vincule al conjunto del proletariado de la gran industria, el petróleo y las minas, y los bancos, con el planteo de una nacionalización general de la gran industria y los bancos; por el control obrero de la industria nacionalizada y el fin de la dictadura de la gerencia estatal; por la convocatoria de un congreso obrero que establezca los objetivos y métodos de la política de industrialización del país, movilizando a la población desocupada y, por fin, por un gran congreso obrero que establezca la independencia política de los sindicatos y la puesta en pie de una verdadera Unión Nacional de Trabajadores. La cuestión estratégica por excelencia en Venezuela es la estructuración política del proletariado, precisamente aquello que el nacionalismo burgués procura impedir, porque su base de poder es la atomización de la clase obrera. Que la lucha obrera por el convenio en Sidor haya puesto en cuestión al poder en la industria, demuestra que la estructuración política de la clase obrera es una necesidad a la orden del día. La consigna es por un Congreso Obrero. El desarrollo de este programa planteará la cuestión del gobierno obrero y campesino y de las masas populares.

La quiebra de las negociaciones entre Chávez y Techint, ya no por la nacionalización parcial sino incluso por el resarcimiento que reclama el pulpo, plantea una crisis política en el Mercosur, cuyos gobiernos tutelan a Techint y a la gran patronal de la siderurgia en general. Plantea, por sobre todo, un horizonte nuevo al proletariado de la gran industria que se ha visto afectado por las privatizaciones en la última década y media. La crisis política internacional y la nueva situación para los trabajadores se conjugan para propiciar movilizaciones sociales y políticas de gran alcance. Planteamos tomar a la nacionalización de Sidor y al conflicto que abre con las grandes patronales y con los trabajadores para movilizarnos por la renacionalización de la gran industria privatizada, la recuperación de las conquistas, el pase a convenio de los obreros tercerizados y por el control obrero.

Jorge Altamira

Uno. El asesinato premeditado del líder de las FARC responsable de la liberación unilateral de rehenes ocurrida en dos ocasiones, recientemente, testimonia el rechazo del gobierno de Colombia a la posibilidad de un intercambio humanitario de secuestrados y guerrilleros, así como a una salida negociada al conflicto armado en ese país. Esta línea de salida militar pone en riesgo la vida de decenas de rehenes en manos de las FARC, pero constituye, por sobre todo, una expresión de la política del aparato narcotraficante y paramilitar que tiene el control del Estado colombiano. Es pública y notoria la infiltración de las instituciones civiles y militares de Colombia por parte del narcotráfico y del paramilitarismo. Sin la destrucción de este aparato estatal será imposible conseguir la paz en Colombia y poner fin a los desplazamientos forzados, a las confiscaciones de millones de campesinos y a los asesinatos de centenares de sindicalistas y de obreros.

Dos. La masacre perpetrada en territorio ecuatoriano representa al mismo tiempo un operativo de carácter internacional, pues el líder de las FARC, Raúl Reyes, era el enlace de las negociaciones internacionales entabladas con Francia, España, Venezuela y Suiza, en incluso con una fracción de legisladores norteamericanos. El espionaje colombiano se ha valido, seguramente, del seguimiento de estos contactos para hallar el campamento guerrillero y aniquilar a sus integrantes. Estamos no solamente ante la violación del territorio de Ecuador sino de un conjunto de canales diplomáticos y paraestatales. Dados los lazos estrechos de las fuerzas armadas y del Estado colombianos con las fuerzas armadas de Estados Unidos e Israel y con la CIA y el Mossad, debe concluirse que el ataque dirigido a golpear el canje humanitario y la posibilidad de negociaciones de paz, responde a los objetivos del imperialismo yanqui y del sionismo. El gobierno de Bush ha salido a defender el "plan Colombia" a sangre y fuego, como lo testimonió la reciente presencia en Colombia de Condoleeza Rice y jefes militares y del espionaje norteamericanos.

Tres. La justificación de la violación del territorio ecuatoriano, que ofreció el gobierno de Colombia, alegando el derecho legítima defensa, constituye una amenaza directa a los estados fronterizos, como Brasil y Venezuela, especialmente, donde existen actividades guerrilleras. El ataque delata la intención de neutralizar la acción mediadora de Hugo Chávez en el conflicto armado de Colombia y la posibilidad de que esta mediación refuerce las posiciones políticas de su gobierno. En el contexto latinoamericano actual apunta a desestabilizar a los gobiernos y procesos nacionalistas en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Con relación a las elecciones norteamericanas apunta a ofrecer una posibilidad al desgastado partido Republicano, mediante una política de polarización y exasperación.

Cuatro. La crisis internacional que se ha creado pone en un serio aprieto a los gobiernos del Mercosur, debido a sus excelentes relaciones con el gobierno norteamericano y a las aún mejores con Israel, con quien acaban de firmar un tratado de libre comercio, mientras el ejército sionista destruye las vidas y la economía de Gaza y Cisjordania. No es difícil prever que los Lula y los Kirchner mediarán ahora para rescatar al gobierno de Colombia de una condena internacional. Los chavistas rioplatenses se llevarán una tamaña sorpresa si creen que los Kirchner condenarán al imperialismo, al sionismo y al gobierno de Uribe.

Quinto. El Partido Obrero llama a condenar al gobierno de Colombia y a Bush y a organizar una jornada internacional de movilización por la realización del canje humanitario, por negociaciones de paz, por el fin del plan Colombia, por el desmantelamiento del aparato estatal paramilitar de Colombia, por la no ratificación del Tratado de Libre Comercio Mercosur-Israel por la expulsión de la CIA y del Mossad de todo el continente (éste opera en el estado Zulia de Venezuela y en la provincia de Tucumán, en Argentina) , y por la unión socialista de América Latina.

Jorge Altamira

Miguel Briante